Un par de artículos que os ayudarán a entender el orígen de la crisis

Este fin de semana tuve el placer y la ociosidad suficientes como para poder rescatar unos minutos de mi tiempo para ponerme al día de la actualidad económica. Teniendo en cuenta mi analfabetismo más absoluto en estas cuestiones, vi el cielo abierto cuando cayó en mis manos "Negocios" el suplemento dominical de El País. Tras una sesión bursátil y financiera adaptada a mis limitados conocimientos en la materia, lo entendí todo. ¿Cuál fue la conclusión que extraje? Qué hay mucho hijo p... suelto. Como no quiero influir -dudo más que Poli Díaz jugando al Trivial que goce un servidor de esa capacidad- a continuación os dejo los links de sendos reportajes, colocados por orden de indignación.

- Golpe contra la especulación a la baja
La Comisión de Valores prohíbe las ventas de títulos prestados sobre 799 entidades financieras.

- Recompensados por hundir Wall Street: Los ejecutivos de los bancos afectados por la crisis ganaron 236 millones

- ¿Pero esto quién lo controlaba?
Ningún supervisor vigilaba el negocio de AIG dedicado a cubrir el impago de deuda.

Cita postuaria: "Quienes opinan que el dinero todo lo puede sin duda están dispuestos a todo por dinero." (E. Pierre Beauchene)

PD: Por si hubiera problemas con los links, a continuación os copio todo el contenido.


Golpe contra la especulación a la baja
La Comisión de Valores prohíbe las ventas de títulos prestados sobre 799 entidades financieras
SANDRO POZZI 21/09/2008

El torniquete a la hemorragia que sufre desde hace un año el sector financiero tiene una pieza clave, más allá del plan de rescate diseñado por la Administración de Bush: la prohibición de la autoridad reguladora del mercado de valores en Estados Unidos y Reino Unido de las apuestas a la baja sobre acciones. Es una maniobra dirigida directamente contra los operadores que intentan sacar tajada del caos en los mercados.

Morgan Stanley y Goldman Sachs acudieron desesperadas al Departamento del Tesoro y a la Securities and Exchange Commission (SEC) para que pusiera coto a estas transacciones, porque se consideraban víctimas de ataques especulativos. Bear Stearns, Lehman Brothers y Merrill Lynch se quedaron por el camino. Para especular a la baja, los inversores toman acciones prestadas para venderlas con el fin de recomprarlas a precio más bajo y luego devolverlas. La SEC prohibió primero las ventas al descubierto (se vendían acciones que no se tenían, ni siquiera prestadas), pero el viernes prohibió en la práctica que se puedan realizar durante 10 días (prorrogables a un mes) operaciones de venta a corto plazo con acciones de 799 entidades financieras, incluidos los dos grandes bancos de inversión independientes que quedan en EE UU. Los máximos directivos de Morgan y Goldman suspiraron.

La SEC dejó claro que va a haber tolerancia cero con operaciones que buscan manipular el valor de las acciones para hacer dinero aprovechando la incertidumbre que domina el parqué. "La Comisión usará todas las armas de su arsenal para combatir la manipulación que amenaza a los inversores y a los mercados de capitales", señaló el presidente de la SEC, Cristopher Cox. A la cruzada se han sumado algunos fondos de pensiones, que han dejado de prestar sus títulos para especular a la baja. El fiscal de Nueva York Andrew Cuomo ha abierto una investigación criminal por posible manipulación de las acciones de los bancos de inversión. Y hasta el propio presidente de Estados Unidos, George Bush, miró hacia los "especuladores" para justificar el caos visto la última semana.

Pero las firmas especializadas en este tipo de transacciones no se quedan con la boca cerrada y acusan a la SEC de estar haciendo exactamente lo mismo por lo que clama estar en contra, al estar dando aire caliente de forma artificial a acciones de entidades que atraviesan por serios problemas. Y este cambio de reglas de juego lo ven como una clara intervención en el mercado.


Recompensados por hundir Wall Street
Los ejecutivos de los bancos afectados por la crisis ganaron 236 millones
DAVID FERNÁNDEZ 21/09/2008

La crisis de Wall Street ha avivado la polémica sobre las retribuciones de los ejecutivos del sector financiero. Las críticas se centran en tres flancos. En primer lugar, se cuestiona si los sueldos de los últimos años se justifican por la creación de valor aportada (teniendo en cuenta el actual desplome bursátil). En segundo lugar, se denuncia que quizá la forma elegida para establecer las retribuciones, con gran peso del bonus, habría podido incentivar a los directivos a tomar más riesgos de los convenientes para lograr objetivos a corto plazo, aumentando así el agujero de las subprime. La última de las críticas se plantea tras desvelarse los blindajes millonarios que gozan estos gestores en caso de despido, con independencia de la herencia que dejen a sus accionistas.

Los salarios ahora traspasan el ámbito privado al usarse fondos público
En 2007, los máximos ejecutivos de las 16 entidades más afectadas por la crisis de crédito ganaron en total 334 millones de dólares (236 millones de euros), un 30% más que en 2005. La bola de nieve de las hipotecas basura ha costado a esas compañías pérdidas de 320.543 millones, se ha cobrado el empleo de 80.236 personas y ha jibarizado su valor bursátil desde septiembre de 2007.

"La obsesión de las empresas cotizadas por lograr beneficios a corto plazo, combinada con unos sistemas de retribución que no están ajustados por el riesgo que asumen los gestores, supone una mezcla letal", explica John M. Berry, columnista de la agencia Bloomberg. A finales de 2007, recuerda este experto, cuando casi todos los grandes bancos de inversión empezaban a encarar enormes pérdidas, pagaron bonus comparables a aquellos repartidos en 2006, "un año en el que los beneficios eran mucho mayores y el horizonte parecía despejado".

Tras el estallido de la burbuja tecnológica también se cuestionó el salario de algunos directivos, principalmente el abuso de opciones sobre acciones. Entonces se reforzaron los controles de buen gobierno corporativo. Sin embargo, el revuelo no pasó de ahí al considerarse los salarios un asunto privado a resolver entre los consejeros y los accionistas.

La diferencia con la crisis actual es que se está utilizando mucho dinero público para intentar mantener con vida entidades donde sus directivos, que han aplicado prácticas de gestión cuando menos cuestionables, cuentan con cláusulas de despido muy ventajosas. Éste es el caso del rescate de Fannie Mae y Freddie Mac, que poseen o aseguran la mitad de las hipotecas estadounidenses y que han sido intervenidas por el Gobierno. Los contratos de sus principales ejecutivos, Daniel Mudd (Fannie) y Richard Syron (Freddie), les aseguraban indemnizaciones por valor de 8 y 15 millones, respectivamente. Gracias al carácter semipúblico de las entidades, el Gobierno ha logrado que estos ejecutivos no ejecuten sus paracaídas de oro, aunque sí se embolsarán pensiones cercanas a los cuatro millones. "Nos gustaría que Mudd y Syron se fuesen sólo con un apretón de manos, pero la intervención estatal no debe justificar el incumplimiento de los contratos", editorializaba Los Angeles Times. "Esta controversia sí debería servir para que los consejos se replanteen su política de pagar por los fracasos. Si los órganos de dirección no lo hacen corren el riesgo de que el Gobierno sea más intervencionista o conceda más poder a los accionistas".

La polémica acerca de los despidos millonarios no se queda en Fannie Mac y Freddie. Esta semana se ha conocido que el consejero delegado de Merrill Lynch, John Thain, y dos de los ejecutivos que fichó cuando entró en el banco hace menos de un año, podría llevarse un total de 200 millones de dólares por menos de un año de trabajo si el nuevo dueño de la entidad, Bank of America, les despide o les relega a unas funciones de menor rango.

Un caso similar ocurre en AIG, intervenida por la Reserva Federal para evitar su quiebra. Robert Willumstad se convirtió en el primer ejecutivo de la aseguradora hace tan sólo tres meses y en caso de despido tiene asegurada una indemnización de siete millones.

La polémica de los salarios de los directivos ha llegado incluso a la campaña electoral. Tanto John McCain y Barack Obama han criticado el sistema actual y prometen reformas si llegan a la Casa Blanca. Mientras Obama siempre se ha mostrado partidario de un mayor control, McCain se opuso en 2007 a una propuesta que pedía conceder a los accionistas votos no vinculantes acerca de los salarios de los ejecutivos. Carly Fiorina, consejera económica del candidato republicano, ha manifestado en más de una ocasión su oposición a cualquier tipo de regulación. Cuando Fiorina tuvo que abandonar la presidencia de Hewlett-Packard en 2005 la empresa le pagó más de 21 millones de dólares.


¿Pero esto quién lo controlaba?
Ningún supervisor vigilaba el negocio de AIG dedicado a cubrir el impago de deuda
A. G. 21/09/2008

Las cuentas de la aseguradora American International Group (AIG) no dejan lugar a dudas. Según los datos remitidos por la propia compañía al regulador el pasado mes de junio, "aproximadamente 307.000 millones de dólares de una cartera de 441.000 millones de AIG en instrumentos destinados a cubrir contra el impago de la deuda (Credit Default Swaps, CDS) representan derivados suscritos por entidades financieras, sobre todo en Europa, con el objetivo más de proporcionar cierto alivio a las restricciones de capital que a mitigar su riesgo".

Toda una declaración sobre el verdadero propósito de una parte muy importante de su negocio contra el que las autoridades poco podían hacer y que dejan al descubierto las debilidades del sistema financiero estadounidense.

Los CDS son un mercado escasamente regulado. El regulador bursátil, la SEC, no podía intervenir porque estos instrumentos no cotizan en Bolsa. Tampoco podía hacerlo el regulador de seguros, porque no se trataba de una póliza de seguros propiamente dicha. Como resultado, un mercado equivalente al 8% de la Bolsa de Nueva York completamente fuera de todo control.
Con ese seguro como respaldo de las emisiones de deuda, las autoridades regulatorias reducían sus exigencias de capital a las entidades, que disponían así de más liquidez para invertir.

Además, esas entidades veían cómo las calificadoras les otorgaban sin dificultades el mayor grado de inversión, la triple A, lo que a su vez les rebajaba el coste de financiación. El riesgo sistémico de una posible quiebra de AIG era, pues, evidente.

Como ha reconocido el propio presidente del Bank of America, Kenneth Lewis, "no conozco a ningún banco que no tuviera intereses en AIG". Y eso es lo que ha decantado, según los expertos, que la Reserva Federal haya acudido al rescate de una aseguradora y haya dejado caer a un banco, como es el caso de Lehman Brothers. "Ha sido su interconexión [con el sistema financiero] y el miedo a lo desconocido", explicaba Robert Altman, antiguo alto cargo del Tesoro bajo la presidencia de Bill Clinton.

Eso puede explicar la actuación de la Administración en su rescate, pero no el origen de sus problemas. El presidente del comité de servicios financieros de la Cámara de Representantes, el demócrata Barney Frank, aseguraba esta semana que esta crisis "deja más que demostrado que la falta de regulación ha causado serios problemas. El mercado privado se ha dañado solo y necesita al Gobierno para ayudarle y aliviarle".

Tampoco son menores los problemas de supervisión. El sistema estadounidense cuenta con numerosas entidades, federales y regionales, dedicadas a supervisar el sistema financiero, pero no están adaptadas al nivel de sofisticación y complejidad de muchos de sus productos.

Por ejemplo, en el caso de las hipotecas basura, el regulador bursátil no podía investigar muchos de los contratos firmados porque lo eran en el ámbito privado. El supervisor bancario no está autorizado a fiscalizar a los prestamistas no bancarios, mientras que la oficina de ahorro sólo vigila los planes de pensiones.

Ante el alcance de la crisis, la sociedad estadounidense parece que empieza a cambiar una mentalidad compartida con independencia del partido que se apoye y que se remonta a los días de la presidencia del demócrata Jimmy Carter, cuando aprobó la Ley de Desregulación de las Aerolíneas, en 1978.